El Gobierno Aprista y la Amazonía
¿Búsqueda del desarrollo o arremetida pro-empresarial?*
¿Búsqueda del desarrollo o arremetida pro-empresarial?*
Permitámonos sacar breves conclusiones, partiendo de este título, acerca de la política del gobierno actual y de la situación de muchos sectores peruanos que, quizás antes, no se encontraban bajo la mira del país entero, como ahora la coyuntura lo permite.
Ya desde los años 90 se ha ido interiorizando este discurso acerca de la globalización y ahora, con García, de la "modernización" de los sectores productivos de nuestro país.
En el marco del Tratado de Libre Comercio, tenemos un primer hecho que da cabida a la situación actual: La firma de un gran paquete de decretos, con la excusa de necesitarlos para un ajuste del Legislativo para la implementación de este tratado con EUA. Lo concreto es que estos decretos suman más de una centena y sin embargo, dentro de éstos, más de veinte trascienden el marco del TLC y al menos nueve no tienen ninguna relación con los temas del tratado**.
Quizás esté hasta algo de más, hablar acerca de los cuestionados decretos legislativos (de los cuales hemos ya escuchado en las ponencias) como el 1073 o el 1064, creados a finales de junio de este año, que modifican el ya muy mentado decreto 1015. Pero cabría hacernos algunas preguntas. ¿Qué tan coherente es legitimar que el destino de las tierras no esté en manos del propietario, sino en las de cualquier empresa, la cual sólo necesitaría de una solicitud para arrebatárselas? ¿Es esto realmente la modernización? ¿Es que vamos en contra del desarrollo, como buenos perros del hortelano (en palabras de Alan García Perez)?.
Considero expresamente que se trata de un atentado directo contra el derecho de soberanía que ejercemos sobre nuestros recursos naturales y el de la propiedad de comunidades campesinas y nativas, bajo falaces pretextos de “ir contra la modernización/inversión” en estos sectores.
Todas las comunidades afectadas son personas jurídicas reconocidas y es obligación del Estado respetar su autonomía, identidad y bienes, lo cual denota el carácter inconstitucional de estos decretos que, como ya mencionado, no recaen en justificación alguna. Ni en la inversión, ni por el TLC. Simplemente en la abismal y constantemente incrementada brecha entre ricos y pobres, entre nuestro precario sector industrial fiscalizado por el gobierno central y el exportador nativo de materias primas y, lo que es peor, entre el pequeño y mediano empresario y las grandes empresas y transnacionales de capital extranjero. (Un dato concreto: Las inversiones acumuladas de las transnacionales de cuatro países : España, EUA, México y Chile –las más importantes en nuestro país- equivalen al 10% del PBI, es decir al 10% del valor de todos los bienes y servicios que 27 millones de peruanos generan anualmente – más de lo que anualmente se invierte en educación, que llega al ínfimo 3%- Y es que las 15 corporaciones globales más ricas del mundo tienen ingresos brutos mayores que los PBI de los 120 países más pobres juntos)***.
No sólo esta desigualdad como consecuencia, es decir, no se trata sólo de las implicancias de estas medidas. Es también acerca de la manera en que el gobierno actual busca imponer sus condiciones y visiones sobre el uso de los recursos de la Nación; recursos entregados al Estado para que los gestione en representación suya y en bien de todos los que la conformamos.
Quisiera que el enfoque sea entonces una crítica persistente a las políticas exclusivas del gobierno aprista, cuyas decisiones y accionar se desligan por completo de los intereses reales del pueblo, sin su consulta, sin un concreto análisis de la realidad, a excepción –claro- de Lima y algunos sectores costeños. Asimismo hago expresa una invitación al resto, a aunarse a la lucha constante que refleja la ausencia de una política estatal clara sobre la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos que terminan siendo inevitablemente afectados por las políticas neoliberales implementadas que, a la vez, demuestran el total desconocimiento de los compromisos del mismo Estado suscritos a nivel internacional, teniendo como claro ejemplo a principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que, entre otros, garantiza la vigencia del derecho de propiedad.
Cabe resaltar también la falta de confianza entre el pueblo y el actual gobierno. Las constantes arremetidas del mismo, por medio de la búsqueda de amedrentar, a través de instancias como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que ahora está fiscalizando a más de 100 ONGs debido a las resientes protestas que conciernen al tema amazónico.
Quedan pues muchos temas por abordar y tan sólo en relación con este sector de nuestro país. Quedan interrogantes acerca de, por ejemplo, los biocombustibles que concebiría la destrucción (raza y quema) de grandes porciones productivas de tierra. También de otros muchos y ambiciosos proyectos que, de no contar con el análisis y la consulta previa de los sectores objetivos –y quiero resaltar aquí una falta de comunicación y de consideración total hacia la autonomía de nuestros pueblos, que sólo pone a relucir una vez más el feroz autoritarismo de este, nuestro actual gobierno-, nos llevará a una competencia totalmente desigual en donde todo se reduce a una ley como esta, la ley de la selva, donde el más fuerte (rico) sobrevive.
Ya desde los años 90 se ha ido interiorizando este discurso acerca de la globalización y ahora, con García, de la "modernización" de los sectores productivos de nuestro país.
En el marco del Tratado de Libre Comercio, tenemos un primer hecho que da cabida a la situación actual: La firma de un gran paquete de decretos, con la excusa de necesitarlos para un ajuste del Legislativo para la implementación de este tratado con EUA. Lo concreto es que estos decretos suman más de una centena y sin embargo, dentro de éstos, más de veinte trascienden el marco del TLC y al menos nueve no tienen ninguna relación con los temas del tratado**.
Quizás esté hasta algo de más, hablar acerca de los cuestionados decretos legislativos (de los cuales hemos ya escuchado en las ponencias) como el 1073 o el 1064, creados a finales de junio de este año, que modifican el ya muy mentado decreto 1015. Pero cabría hacernos algunas preguntas. ¿Qué tan coherente es legitimar que el destino de las tierras no esté en manos del propietario, sino en las de cualquier empresa, la cual sólo necesitaría de una solicitud para arrebatárselas? ¿Es esto realmente la modernización? ¿Es que vamos en contra del desarrollo, como buenos perros del hortelano (en palabras de Alan García Perez)?.
Considero expresamente que se trata de un atentado directo contra el derecho de soberanía que ejercemos sobre nuestros recursos naturales y el de la propiedad de comunidades campesinas y nativas, bajo falaces pretextos de “ir contra la modernización/inversión” en estos sectores.
Todas las comunidades afectadas son personas jurídicas reconocidas y es obligación del Estado respetar su autonomía, identidad y bienes, lo cual denota el carácter inconstitucional de estos decretos que, como ya mencionado, no recaen en justificación alguna. Ni en la inversión, ni por el TLC. Simplemente en la abismal y constantemente incrementada brecha entre ricos y pobres, entre nuestro precario sector industrial fiscalizado por el gobierno central y el exportador nativo de materias primas y, lo que es peor, entre el pequeño y mediano empresario y las grandes empresas y transnacionales de capital extranjero. (Un dato concreto: Las inversiones acumuladas de las transnacionales de cuatro países : España, EUA, México y Chile –las más importantes en nuestro país- equivalen al 10% del PBI, es decir al 10% del valor de todos los bienes y servicios que 27 millones de peruanos generan anualmente – más de lo que anualmente se invierte en educación, que llega al ínfimo 3%- Y es que las 15 corporaciones globales más ricas del mundo tienen ingresos brutos mayores que los PBI de los 120 países más pobres juntos)***.
No sólo esta desigualdad como consecuencia, es decir, no se trata sólo de las implicancias de estas medidas. Es también acerca de la manera en que el gobierno actual busca imponer sus condiciones y visiones sobre el uso de los recursos de la Nación; recursos entregados al Estado para que los gestione en representación suya y en bien de todos los que la conformamos.
Quisiera que el enfoque sea entonces una crítica persistente a las políticas exclusivas del gobierno aprista, cuyas decisiones y accionar se desligan por completo de los intereses reales del pueblo, sin su consulta, sin un concreto análisis de la realidad, a excepción –claro- de Lima y algunos sectores costeños. Asimismo hago expresa una invitación al resto, a aunarse a la lucha constante que refleja la ausencia de una política estatal clara sobre la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos que terminan siendo inevitablemente afectados por las políticas neoliberales implementadas que, a la vez, demuestran el total desconocimiento de los compromisos del mismo Estado suscritos a nivel internacional, teniendo como claro ejemplo a principios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que, entre otros, garantiza la vigencia del derecho de propiedad.
Cabe resaltar también la falta de confianza entre el pueblo y el actual gobierno. Las constantes arremetidas del mismo, por medio de la búsqueda de amedrentar, a través de instancias como la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que ahora está fiscalizando a más de 100 ONGs debido a las resientes protestas que conciernen al tema amazónico.
Quedan pues muchos temas por abordar y tan sólo en relación con este sector de nuestro país. Quedan interrogantes acerca de, por ejemplo, los biocombustibles que concebiría la destrucción (raza y quema) de grandes porciones productivas de tierra. También de otros muchos y ambiciosos proyectos que, de no contar con el análisis y la consulta previa de los sectores objetivos –y quiero resaltar aquí una falta de comunicación y de consideración total hacia la autonomía de nuestros pueblos, que sólo pone a relucir una vez más el feroz autoritarismo de este, nuestro actual gobierno-, nos llevará a una competencia totalmente desigual en donde todo se reduce a una ley como esta, la ley de la selva, donde el más fuerte (rico) sobrevive.
*Escribí el texto a modo de discurso para una charla a cargo del Frente de Izquierda Universitaria, espacio en el cual milito.
Fuentes:
**Cristal de Mira. Humberto Campodónico.
***Bajo la Lupa: "Globalización". Pedro Francke.
***Bajo la Lupa: "Globalización". Pedro Francke.
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